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Promover la colaboración público-privada

El Gobierno estudiará alentar las buenas prácticas en los proyectos de colaboración entre empresas y la Administración, según se trasladó en un encuentro organizado por EXPANSIÓN y Ferrovial.

​Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, se comprometió a analizar la posible creación de un centro de gestión de proyectos de colaboración público-privada para coordinar unas reglas de juego comunes a todas las Administraciones Públicas. Así se puso de relieve en el Desayuno de Trabajo sobre Nuevos Modelos de Colaboración Público-Privada organizado por EXPANSIÓN y Ferrovial.  
 
Lluís Torrens, director del Public-Private Center del IESE, explicó que este tipo de unidades de coordinación para los proyectos públicos-privados ya existen en otros países europeos. “La de Alemania –comentó Torrens– está participada en un 51% por el Estado germano y en un 49% por los concesionarios privados”. Esta unidad tendría que estar consensuada tanto por las Administraciones como por las empresas privadas, y serviría para marcar unas reglas de juego comunes para todas las partes implicadas, lo que redundaría en una mejora de los servicios ofrecidos.   Antonio Beteta comentó que “la colaboración público-privada no es un matrimonio de conveniencia, sino que es una oportunidad que hay que saber aprovechar para mejorar los servicios a los ciudadanos”. Se trata de ofrecer servicios de calidad a un precio adecuado.    
 
 
No sólo cuenta el precio  
 
En este sentido, Santiago Olivares, CEO de Ferrovial Servicios, señaló que “en los contratos no sólo hay que mirar el precio, sino también otros factores”. “Resulta necesario –añadió– alinear los intereses públicos y privados”. Para el ejecutivo de Ferrovial, las administraciones tendrían que tener en cuenta que muchos servicios requieren de grandes dosis de innovación y de gestión.   Santiago Olivares pidió que los acuerdos entre administraciones públicas y empresas sean a más largo plazo porque “es lo que permite conseguir un mayor ahorro de costes para la Administración y una mejor rentabilidad para la compañía que explota el servicio”.
 
Antonio Román, alcalde de Guadalajara, dijo que su ciudad forma parte de las Smart Cities, un concepto que agrupa a las poblaciones que apuestan por la innovación. Román defendió la colaboración público-privada y puso como ejemplo el Centro Acuático que se está construyendo en Guadalajara. “La gestión será privada –comentó el alcalde–, pero desde el Ayuntamiento vamos a controlar la calidad del servicio y el precio que van a pagar los ciudadanos”.    
 
 
Toma de decisiones  
 
Lluís Torrens, del IESE, enumeró las cuatro importantes decisiones que tiene que tomar una Administración a la hora de crear un nuevo servicio:  
 
1. Decidir si se ofrece o no ese servicio, si es necesario y si va a beneficiar a los ciudadanos.  
 
2. Cómo hacerlo: definir quién va a gestionar los activos y quién gestionará los servicios.  
 
3. Definir muy bien los criterios para medir los resultados, y decidir quién se hace cargo de la seguridad y quién asume los riesgos en caso de que haya problemas.  
 
4. Hacer un seguimiento del proyecto en el tiempo para optimizar el servicio.  
 
Llorens también dijo que hay que acabar con esa costumbre tan arraigada en el mercado español de renegociar los contratos después de haber sido adjudicados.
El directivo del IESE considera que la creación de una Unidad de Colaboración Público-Privada puede evitar este tipo de disfunciones, y también serviría de banco de pruebas para ir mejorando los acuerdos entre Administraciones Públicas y empresas privadas.  
 
Antonio Beteta comentó que es necesario revisar las condiciones de los concursos introduciendo criterios de calidad en la prestación. Hasta ahora, señaló el secretario de Estado, para un contrato de recogida de la basura se pedían un determinado número de camiones y un determinado número de operarios que la empresas concesionaria debería tener para gestionar el servicio.  
 
“Sin embargo -añadió con sorna Beteta- podía ocurrir que no se recogiera la basura correctamente porque algo tan básico como eso no figuraba en el contrato”.   Santiago Olivares coincidió con Antonio Beteta en que es necesario cambiar la forma de hacer las cosas, pero añadió que “esto choca muchas veces con el inmovilismo de los funcionarios, y es fundamental cambiar la mentalidad de los funcionarios”.    
 
 
Transparencia  
 
El alcalde de Guadalajara dijo que los procesos de adjudicación de los contratos deben realizarse con seriedad, transparencia y ofreciendo confianza a los ciudadanos. A este respecto, el secretario de Estado comentó que ahora más que nunca hay que buscar la legitimación social de la acción política, y en el tema de las adjudicaciones es obligatorio ser más transparente que nunca. Mañana 10 de diciembre –recordó Beteta– entra en vigor la Ley de Transparencia, que va a permitir a los ciudadanos conocer adónde se destina cada euro público que se invierte.  
 
Todos los participantes en el Desayuno de Trabajo coincidieron en que la colaboración público-privada se erige como uno de los pilares fundamentales para alcanzar una Administración dinámica, moderna e inteligente en la que intervienen diferentes actores para la prestación de servicios públicos sostenibles en lo económico y en lo social.