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Exigencias económicas, ¿freno al independentismo?

El diario económico de Unidad Editorial ha organizado la cuarta edición del Foro Catalunya en EXPANSIÓN, que trata de buscar soluciones a un mejor encaje de Cataluña en el conjunto del Estado.

​Quizás no es el principal motivo, pero sí la principal razón por la que el 13,4% de los catalanes admiten que se han hecho independentistas en los últimos años, según el servicio demoscópico de la Generalitat. Se trata de la gestión de los impuestos y el reparto de la recaudación de los mismos entre las comunidades autónomas. Un sistema que las fuerzas soberanistas denuncian que maltrata las finanzas de la región y que muchos utilizan para asegurar que en un Estado catalán se viviría mucho mejor que en España.   Por esta razón, la cuarta edición del FORO CATALUNYA EN EXPANSIÓN, que trata de buscar soluciones a un mejor encaje de Cataluña en el conjunto del Estado, contó con la presencia del consejero de Economia, Andreu Mas-Colell, quien arrojó luz sobre algunas de las reivindicaciones económicas de la Generalitat. “El conflicto no es fundamentalmente económico”, aunque “la economía condiciona el clima en el que se desarrolla este conflicto, que es difícil”, admitió el alto cargo.   Mas-Colell admitió no saber cómo restaurar la confianza institucional, pero concluyó que “aquí no hay otra garantía que terminar con una votación específica que tiene que ver con la configuración del Estado”. En otras palabras, y tal y como defiende el presidente de la Generalitat, el conflicto catalán sólo puede solucionarse con un referéndum sobre la independencia de Cataluña, según sus tesis.   Las encuestas revelan que la actitud del Estado con Cataluña es el motivo por el que más del 40% de los catalanes quieren un Estado propio, y aquí se incluirían también lo que Mas-Colell –quien hace meses que no se reúne con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro– calificó de “agravios económicos”. Existen de dos tipos, según expuso, los que hacen referencia a los flujos de tesorería (las transferencias del Estado, principalmente) y los que giran en torno a la regulación: “si tenemos las manos libres o no lo suficiente”, indicó.   Mas-Colell enfatizó que “fiscalmente, Cataluña paga mucho; tanto más que lo que recibe por vías presupuestarias y de tesorería en forma de crédito”. En este sentido, el consejero de Economía echó mano de un reciente informe de su gabinete, en el que se concluye que “Cataluña está en superávit” si se elaboran las cuentas consolidadas de todas las administraciones públicas en la comunidad autónoma.   Es decir, si se suman los ingresos que obtienen el Gobierno, la Generalitat y las corporaciones locales en la región, y se restan los gastos que benefician a la misma (también aquellos que se ejecutan fuera de ella pero le repercuten, como el servicio de embajadas o el ejército), el saldo sería positivo en 2.405 millones de euros, un 1,2% del PIB catalán.   “Una implicación de esto es que Cataluña no verá ni utilizará en 2015 ni un euro de los 42.000 millones en que se endeudará el Estado; [la comunidad] puede contribuir a la bolsa común”, indicó Mas-Colell, como argumento que de hecho ya está utilizando para conseguir que el Gobierno acepte transferir los 2.300 millones que se ha incluido en los Presupuestos de 2015 de la Generalitat –aún no está claro que logre aprobarlos– y que el propio dirigente asume que son de “dudoso” cobro.   Entre estas peticiones se incluye el cobro de 759 millones de euros por la disposición adicional tercera del Estatut, que fija la inversión en infraestructuras por parte del Estado en Cataluña y que en 2008 se presupuestó y no se pagó; 635 millones en compensación por el bloqueo al impuesto sobre depósitos bancarios, y otros 789 millones de euros como anticipo del fondo de competitividad de 2015, que suele liquidarse con dos años de retraso. “Esto es una solución transitoria”, dijo.   Mas-Colell no tiene grandes esperanzas depositadas en un nuevo modelo de financiación que ponga fin a las tensiones de tesorería de las comunidades autónomas, y de hecho criticó que aún no se haya definido el nuevo modelo. “Las transferencias que nos llegan del Gobierno están vestidas de modelo de financiación, pero básicamente recibimos el dinero que le parece al Ministerio y van haciendo ajustes ad-hoc”, criticó.   La reflexión sobre el reparto de los recursos que generan los contribuyentes y lo que reciben a cambio no deja de ir ligada a la del estudio sobre las balanzas fiscales, que elabora la Generalitat cada año y que acostumbra a revelar un déficit de 16.000 millones de euros, equivalente al 8% del PIB de Cataluña. “No se engañen; es mucho más humillante tener que ir a poner la mano para pedir si sabes perfectamente que estás demandando menos de lo que has contribuido”, lamentó.   Aunque en la sesión no se discutió sobre la hipotética viabilidad de una Cataluña independiente, Mas-Colell sí aprovechó la retahíla de datos expuesta para enfatizar que en un Estado catalán “las necesidades de endeudamiento serían exactamente igual a cero manteniendo como están los estándares de servicios públicos y añadiendo los servicios centrales”. En este hipotético ejercicio, no se estarían contemplando los efectos en las cuentas públicas y en el conjunto de la economía que tendría un proceso de secesión.   Formaciones como el PSC, e incluso algunos sectores de Unió Democràtica, que están lejos de plantearse una Cataluña independiente, sostienen que la reforma de la Constitución serviría para mejorar el encaje de la comunidad en el conjunto de España. Este paquete reformista incluiría un cambio del actual modelo de financiación, que podría ayudar a frenar el auge del independentismo si mejora la disponibilidad de ingresos de la Generalitat.   Sin entrar a valorar qué incidencia tendría un cambio de este tipo, Mas-Colell dejó claro que “la financiación que recibimos es insuficiente para atender los servicios públicos y no podemos recortarlos más”. Y desde el Ejecutivo de Mas hace meses que dejaron de postularse a liderar la reforma del mismo, aunque eso sí, sin dejar de defender sus intereses mientras se resuelve el contencioso sobre la consulta soberanista.   El alto cargo del Govern sí hizo una rápida mención al pacto fiscal que en su día presentó Mas al Gobierno como una propuesta para actualizar las relaciones de Cataluña con el Estado, pero que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni siquiera estudió. “Siempre hemos reconocido y continuamos reconociendo que es correcto y tiene sentido que hagamos una contribución a la cohesión si tenemos una renta per capita superior a la media española”, dijo, en referencia a que aquella propuesta establecía también una cuota de solidaridad.   Ante el posible baile de cifras que podría generar las ayudas interterritoriales, Mas-Colell sentenció que “el sentimiento general es que somos contribuyentes netos con diferencia y tenemos derecho a reclamar cohesión en forma de respeto”, tanto a nivel de recursos económicos como de competencias.   Eso sí, quiso refutar “un mito muy común dentro y fuera de España”, el de que “Cataluña es la zona más rica” cuando es la cuarta en términos nominales per capita, por detrás de País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid. Además, en torno a este debate, reclamó que también se realice el cálculo bajo el principio de “paridad de poder adquisitivo”, porque “el precio de los barberos en Cataluña o la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son más altos que en otras autonomías”. En definitiva, “es un mito que esto sea un reino de Jauja en el que no hay que preocuparse de gastar bien; no estamos más que arregladitos”.   Luis Conde, presidente de la firma de cazatalentos Seeliger y Conde, se refirió a los topes a la solidaridad interterritorial que existen en países como Alemania. “Se habla de un límite de entre el 2% y el 4,5% del PIB y me parece absurdo tener que aportar aquí un 8,5% del PIB a la cohesión”, dijo en referencia al déficit fiscal que siempre denuncia la Generalitat. “Es uno de los problemas importantes de este momento”, sentenció.   Juan Torras, socio de la firma Egon Zehnder, echó mano de algunas de las reflexiones que se realizaron en la primera sesión de este foro, al reclamar una “clarificación de la arquitectura fiscal del Estado y menos retórica aquí y en Madrid; a la gente que está creando riqueza el tema de las balanzas fiscales o las transferencias no le interesa, lo que le preocupa es saber qué está pasando con sus contribuciones y cómo esa riqueza se está expandiendo”, opinó.   La solución de todos estos problemas, incluido el de un nuevo reparto de los objetivos de déficit (ver texto de apoyo de la página anterior) resulta aún más difícil porque “falta el elemento esencial, que es la confianza”. En opinión de Mas-Colell, “una parte pensaría éstos, en cuanto salgan de la sala, pedirán más y esto no sirve de nada; los otros pensarían que estos no habrán salido de la sala y ya empezarán a ir hacia atrás y desmontar lo que se acaba de acordar”.   Sobre esta cuestión, Padrol se refirió al nuevo método de cálculo de balanzas fiscales diseñado por el Ministerio de Hacienda, que vendría a reducir el déficit fiscal a 8.455 millones, el 4,35% de su PIB, en línea con el ejemplo que había puesto Conde. “Uno mueve a la desconfianza cuando vuelve a presentar unos cálculos con un objetivo sociopolítico similar y cambia la metodología”, criticó.   La ausencia de “garantías y confianzas” es la que estaría frenando, por ejemplo, el desarrollo de una “Hacienda propia” de Cataluña. “El Estatut vigente ya establece una agencia tributaria en forma de consorcio, que no es exactamente lo que querríamos, pero uno se pregunta por qué este Gobierno, tan observante de la ley, no propone desarrollarla”, lamentó Mas-Colell.   Antoni Zabalza, presidente de Ercros y ex secretario de Estado de Hacienda, se mostró partidario de “explorar y desarrollar” el consorcio fiscal entre la Generalitat y el Gobierno. “Es una posibilidad legal y no se ha hecho nada”, criticó. Mas-Colell había asumido ya en su intervención que la falta de confianza podía atascar esta idea, escenario que compartió Zabalza. “Un elemento de este desarrollo estatutario sería la existencia de un alto grado de confianza entre los diferentes niveles de administración”, dijo.   Xavier Vives, profesor del IESE, planteó este mismo dilema de otra forma y cuestionó a Mas-Colell si precisamente la aplicación del Estatut vigente, incluida la creación de una agencia tributaria consorciada, “podría ser, o no uno de estos pasos para restaurar la confianza”. “Nos lo tendríamos que haber encontrado hecho cuando comenzó este Govern en 2011; lo único que puedo decir es que en los últimos cuatro años –y mira que hemos hecho propuestas, como el pacto fiscal– nunca, nunca, nunca se nos ha contrapropuesto poner en funcionamiento el consorcio fiscal”, se excusó el gestor de las finanzas de Cataluña.   La existencia de este nuevo ente permitiría a la Generalitat conocer todas las bases fiscales de Cataluña, una información que hasta ahora sólo conoce el Estado. La creación de este ente por sí solo no supondría una mejora de los ingresos de la Generalitat, y por lo tanto tampoco podría plantearse una rebaja de impuestos, como reclamó Torras para generar confianza, porque “el crecimiento de la economía aún no está asegurado y a lo mejor convendría más flexibilidad fiscal”, analizó.   Amancio López, dueño de la cadena hotelera Hotusa, ensalzó la reforma fiscal del Gobierno que supone la rebaja de algunos impuestos, ya que “o somos competitivos también en el tema fiscal, como Londres o Ámsterdam, o a la larga habrá problemas; para muchas empresas hoy es muy sencillo localizar y deslocalizar”, analizó. Carles Gasòliba, presidente del think tank Cidob, añadió que para ganar competitividad internacional también haría falta reducir la burocracia.   Pese a estas imposiciones de una tributación más laxa, Mas-Colell insistió en que, aunque desde un punto de vista filosófico podría defender las bondades de estas propuestas, “no podemos permitirnos ni eliminar el Impuesto de Patrimonio, que es una reliquia que no existe en otros lugares, porque no estaría justificado si al mismo tiempo estamos peleándonos por 2.300 millones adicionales”.   Pese a que fue al final de su intervención, Mas-Colell también se refirió a una de las situaciones que más tensión institucional provoca entre el Gobierno y la Generalitat, y el motivo por el que el 42% de los catalanes aseguran que se han hecho independentistas: el trato del Estado a Cataluña. Traducido a la esfera legislativa, “la implementación de una concepción del Estado totalmente uniforme y homogénea donde el argumento de peso siempre es preservar la igualdad de los españoles”, en palabras del alto cargo del Govern.   “Si el resultado debe ser idéntico en todo, sería mejor que el Ministerio simplemente tramitara las reglas y que todos las administráramos y las siguiéramos”, ironizó Mas-Colell. “Este planteamiento –advirtió– no tiene ninguna receptividad en Cataluña y será combatido con intensidad”.   “Un análisis coste-beneficio del autogobierno no veo como puede dar resultados negativos a España; cuando una multinacional decide donde ampliará su capacidad lo hace entre Cataluña o Lombardía, pero no entre nuestra comunidad o Aragón”, reflexionó Mas-Colell.