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Comercio ilícito de tabaco

EXPANSIÓN organiza el Observatorio sobre el tráfico ilegal de tabaco, una actividad que se mide en términos de recaudación fiscal perdida y amenaza sanitaria

La chispa que sirve para encender un cigarrillo es la misma que salta cuando se valoran los numerosos factores que hay que considerar al hablar no sólo de una potente industria, sino de una cuestión de primer orden en las agendas de salud pública para numerosas instituciones y gobiernos.  
 
El tabaco, una sustancia que consume el 25% de la población española, es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, "pero sus implicaciones superan el terreno estrictamente  médico y tienen eco en áreas como la económica y la política", asegura Francisco Rodríguez, presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo, ponente y moderador del Observatorio EXPANSIÓN sobre el Comercio Ilícito de Tabaco, celebrado ayer en Madrid.  
 
"Aunque las ventas oficiales de esta sustancia se han recortado a la mitad en el último lustro, reducidas por una mayor concienciación y un menor poder adquisitivo de la población", Francisco Javier Ayesta, profesor de la Universidad de Cantabria, apunta que no se está fumando menos. Esta situación coloca forzosamente el foco sobre una ingente cantidad de producto que se mueve en el mercado negro sin satisfacer exigencias tributarias y escapando a controles sobre su proceso de producción. Al calor de la crisis económica, la tasa de contrabando de tabaco en España se ha disparado, "oscilando del 16% de 1995 a menos del 2% en 2003 y repuntando hasta casi el 8%, donde la sitúa un reciente estudio de KPMG en 2014", recuerda Rodrigo Córdoba, profesor de la Universidad de Zaragoza. Según cálculos de este experto, la última cifra implica que las arcas públicas han dejado escapar entre 650 y 820 millones de euros en el último año. La noticia más esperanzadora es que las autoridades españolas acaban de recibir de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al hilo del último Día Mundial sin Tabaco, celebrado el pasado 31 de mayo, un reconocimiento por sus labores de control en las aduanas.  
 
Regina Dalmau, presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, explicó que los cigarrillos de contrabando suponen un problema especialmente fuerte en regiones como Andalucía y Extremadura, donde está más extendido, y  que uno de cada diez cigarrillos que se fuman en nuestro país tiene origen ilícito. Esto contribuye a que Europa deje de recaudar 10.000 millones de euros anuales en impuestos. Y no sólo eso. La proliferación de producto ilegal alimenta a las mafias, que controlan ese mercado paralelo, además de poner el tabaco al alcance de adolescentes y niños.  
 
"Hablar de contrabando no es aludir a dos cartones que alguien lleva en la maleta al visitar a un amigo en Londres, sino a las cantidades industriales de un producto cuya consecución compromete muchas veces, además, lo más básico de los derechos humanos en grandes países productores, como los africanos Malawi, Zimbawe o Ghana", lamenta Esteve Fernández, responsable de la Unidad de Tabaquismo del Instituto Catalán de Oncología.  
 
En líneas generales, cabe recordar que la mayor parte del precio de una cajetilla viene repercutido por los impuestos. "La carga impositiva no existe para fastidiar, sino para disuadir del consumo de un producto legal que no se puede prohibir", aclara Rodríguez. Con todo, por la experiencia internacional se tiene constancia de que un precio más elevado de los paquetes y acciones como el empaquetado genérico reducen el hábito tabáquico. En este punto, destaca el hecho de que actualmente en España no sólo circula más el tabaco ilegal, sino que se registra un auge del conocido como de liar, percibido erróneamente como menos nocivo, y más barato por tener un régimen fiscal diferente, que repercute en su precio final.
 
"Plantearse qué tabaco es mejor es un contrasentido para cualquier profesional sanitario, pues la nicotina engancha y el hábito mata", asegura Francisco Camarelles, portavoz del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.    
 
Pese a ello, el colectivo médico celebra que la comunidad internacional haya dado nuevos impulsos, específicamente el comandado por la OMS, que lanzó en 2012 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Se trata de una iniciativa que persigue la eliminación del mercado negro de tabaco, erradicando los comportamientos ilegales en la producción, procesos y equipos de fabricación, transporte, importación, exportación, intermediación, almacenamiento y distribución, procurando proteger todas las etapas del ciclo, desde el origen hasta la venta. La pasada primavera, España se adhirió a esta medida, que ya han firmado ocho países y que tendrá carácter vinculante una vez que la respalden 40 estados. Esto podría estar más cerca de lo que parece,  pues un sí de la Unión Europea supondría 28 adhesiones a la vez.   
 
En este nuevo terreno de juego, en el que se ponen más luces y taquígrafos sobre el negocio para plantar cara al contrabando, hay que tener también en cuenta la directiva de la UE sobre la materia, que se une a la vocación global de frenar esta actividad ilícita. Con estas normas sobre la mesa, sobresale la necesidad de abordar un nuevo reto bajo la forma de un nuevo modelo de gestión de la  trazabilidad.  
 
Y es que el ambicioso protocolo que nuestro país acaba de rubricar no requerirá sólo de horas de reuniones con todos los grupos de interés del sector. La nueva iniciativa de trazabilidad exigirá una serie de inversiones, que tendría que acometer la industria y que no se estiman técnicamente complejas ni económicamente elevadas, pues podría suponer un céntimo por cajetilla a una industria que factura muchos miles de millones y que recientemente ha zanjado con 70 millones todos los pleitos que tenía pendientes con la UE. Se trataría, en definitiva, de regular un campo nuevo en el que se podría dar entrada por concurso a otros agentes no tabaqueros necesarios para la implantación del sistema.  
 
El objetivo de todos estos protocolos y medidas es erradicar, o al menos reducir en la medida de lo posible, el volumen de cigarrillos ilegales en circulación, que actualmente suponen el 10% del consumo total. En su mayoría proceden del contrabando (80%), pero también se considera comercio ilícito a las unidades con origen en la falsificación (13%). El resto procede de prácticas minoritarias en España como el contrabando a pequeña escala o la fabricación propia –una práctica muy extendida en países como India–.  
 
Mientras que el contrabando consiste en situar el producto en el mercado negro evitando los impuestos que establecen las diferentes normativas gubernamentales, la falsificación se basa en hacer una copia del cigarrillo original, imitando la estética y el sabor de alguna de las grandes firmas. "Las tabaqueras quieren controlar la copia de sus cigarrillos, pero no está claro que quieran hacer algo en contra del contrabando", plantea Rodríguez. Esto se explica, en palabras de Fernández, "porque existen fábricas legales de tabaco que se dedican a la producción ilegal durante jornadas extra de trabajo".  
 
La rentabilidad es la principal motivación para quienes operan en el mercado negro, pues el precio del tabaco como producto en sí mismo resulta realmente bajo (unos 0,2 dólares de media) si se compara con el precio de venta al público, que se dispara hasta una media de 2,25 dólares por paquete (o de cuatro veces más, como en el caso de Noruega, donde se incrementa hasta los nueve euros). Esto supone la obtención de un beneficio aproximado del 1.025% para el delincuente. "A pesar de que el 80% del precio de la cajetilla corresponde a impuestos, con sólo el 20% la industria ya está ganando medio millón de euros al día", relata Fernández.  
 
El nuevo sistema de trazabilidad ideado por la OMS evitará cualquiera de las fórmulas de comercio ilícito, pues la cajetilla estará permanentemente sometida al control electrónico por parte de la Hacienda Pública, que realizará un seguimiento del paquete desde su producción hasta su venta. "Aunque España ya ha firmado el protocolo, no lo está cumpliendo aún porque no ha encontrado un sistema independiente y son las propias industrias las que se autorregulan", destaca Rodríguez.  
 
Hasta ahora, la legislación española se regía por el código Codentify, desarrollado por la firma Philip Morris, y que adoptaron las otras tres fabricantes que operan en España. Esta tabaquera es una de las cuatro grandes firmas –junto a Japan Tobacco, British Tobacco e Imperial Tobacco– que se reparten el 80% del mercado europeo. Se trata de un número de serie en la base de las cajetillas que garantiza que ese producto ha superado con éxito los controles pertinentes y ha pagado todos los impuestos hasta llegar al punto de venta. "El programa actual tiene muchos fallos, no tiene sentido que sean los fabricantes quienes hagan la trazabilidad. No confiamos en las tabacaleras para desarrollar este control", afirma el presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo.  
 
El protocolo, en su artículo 8, establece que sea un agente externo quien se encargue de la supervisión. Además cabe esperar la aprobación de otras medidas orientadas a poner coto a esta actividad ilegal y, por extensión, a reducir el consumo de tabaco en general, pues, como explica Regina Dalmau, presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, "cualquier consumo de tabaco es nocivo y tóxico para la salud".  
 
Algunas de esas iniciativas son eliminar el tabaco mentolado, por su estrecha relación con la adicción de muchos jóvenes, u otras más orientadas a la propia estética de las cajetillas, como la de homogeneizar el diseño de todas las marcas del mercado para evitar el reclamo publicitario o eliminar los porcentajes de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que aparecen en los paquetes. "Quienes empiezan a concienciarse de los efectos negativos del tabaco tienden a escoger el que contenga menos porcentaje de sustancias nocivas. Aún así, hay que tener en cuenta que sigue siendo altamente negativo para la salud. Esto puede suponer un gran peligro porque disminuye la percepción del riesgo", destaca Camarelles.  
 
Todos los expertos coinciden en que la única forma de reducir el consumo de tabaco, legal e ilegal, pasa por su hiperregulación. Prohibirlo es, por ahora, una opción totalmente descartable. "No se puede eliminar porque una de cada cuatro personas fuma. Es necesario regularlo y brindar al fumador la oportunidad de que lo deje. Cuando se lo pones difícil es cuando reacciona", argumenta el presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo.  
 
Los especialistas coinciden en señalar que España ha perdido en los últimos años algo de fuelle en la lucha contra el tabaquismo, que no sólo consume recursos públicos al costear tratamientos farmacológicos y hospitalizaciones, sino también bajas laborales y de incapacidad.  
 
Para todos ellos, nuestro país tiene ahora una oportunidad de colocarse en la vanguardia al implementar el nuevo sistema contra la circulación del tabaco ilegal. En último término, avanzar contra esta enfermedad y poner freno a la economía sumergida es "una cuestión política, que se podría notar, además, en la reactivación del consumo en general, pues si se deja de fumar se tiene dinero para otras cosas y la economía se reactiva", reflexiona Camarelles. "Sería de una ineficiencia brutal no tomar cartas con contundencia en este asunto, pues el tabaco ilegal supone una flaca ayuda a los gobiernos, tanto desde un punto de vista económico como desde una perspectiva sanitaria". La oportunidad está en bandeja.