• 21 millones

    de seguidores diarios

  • Líder de Prensa

    digital en España

  • Una amplia gama

    en revistas líderes en su segmento

Noticias

Los retos de la gran distribución en España

El Consejo Asesor de EXPANSIÓN debatió los problemas de la gran distribución comercial en España con Alfonso Merry del Val, presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).

Alfonso Merry del Val, presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y el Consejo Asesor de EXPANSIÓN afrontaron el desafío que plantea la era digital en la distribución de España. 
 
Anged es una asociación de 18 grandes empresas de distribución (grandes almacenes, hipermercados y otras grandes superficies especializadas en hogar, bricolaje y otros productos) que dan empleo a 215.000 trabajadores (el 12% del sector) y anualmente facturan unos 37.000 millones de euros (el 18% del total) e invierten unos 1.140 millones de euros (el 40% del total).  
 
A juicio del Del Val, la gran distribución en España se enfrenta a dos grandes retos:  
 
• Las nuevas demandas del consumidor en la era digital.
• El proteccionismo comercial y las medidas discriminatorias contra los grandes establecimientos de distribución.  
 
La era digital  
 
La revolución tecnológica está modificando los patrones de conducta de los consumidores y permitiendo la aparición de nuevos modelos de negocio.  
 
El fenómeno no se limita a la distribución de bienes, pues afecta también a los servicios (como el turismo, los servicios bancarios o el taxi, como ha mostrado Uber).  
 
Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el comercio electrónico de productos creció un 52% anual en el primer semestre de 2014.  
 
Las grandes empresas de distribución son conscientes de ese “desafío digital”, han abrazado una estrategia “omnicanal” y están llevando a cabo grandes inversiones para mejorar sus sistemas de información y reducir costes de explotación.  
 
Las condiciones de competencia entre los diversos canales no son siempre equilibradas. Así, las empresas que venden en exclusiva a través de Internet pueden fijar su sede social en países con baja tributación, no tributan apenas en España por el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), ni están sujetas a las restricciones de horarios y apertura de establecimientos aplicables a las grandes empresas españolas de distribución.  
 
Proteccionismo comercial  
 
Desde la creación en 1973 del Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales (Iresco), la legislación estatal impulsó la modernización del pequeño comercio, para que pudiera competir con las nuevas formas de comercio entonces emergentes –por entonces, los hipermercados, surgidos en Francia al calor del crecimiento de las nouvelles villes–. Tras una etapa de relativa libertad comercial –de la que fue ejemplo la Ley Boyer de 1985, que consagró la libertad de apertura y horarios–, se pasó en 1996 a una Ley estatal de Comercio Minorista más proteccionista.  
 
Además, en la España de las Autonomías el comercio interior y el planeamiento territorial pasaron a ser competencia de las comunidades autónomas, lo que produjo dos fenómenos:  
 
• La fragmentación de la ordenación legal del sector.
• El surgimiento en muchas comunidades de restricciones sobre horarios comerciales e implantación de grandes superficies, por el deseo de muchos partidos políticos de lograr el apoyo de los pequeños comerciantes y, según otros, de revitalizar el centro histórico de las ciudades.  
 
Horarios comerciales  
 
En la actualidad la legislación estatal tan sólo exige:  
 
• Que los establecimientos puedan abrir, al menos, 10 domingos o festivos al año.
• Que las tiendas de menos de 300 metros cuadrados tengan libertad de horarios. 
• Que los Ayuntamientos puedan establecer un régimen más flexible para los comercios en las llamadas Zonas de Gran Afluencia Turística.  
 
En materia de apertura en domingos y festivos, salvo en la Comunidad de Madrid –que desde julio de 2012 estableció la plena libertad de apertura–, la gran mayoría de comunidades aplica el mínimo estatal, salvo Aragón (11), Castilla-La Mancha y Murcia (12) y Baleares (15). En algunas Comunidades (por ejemplo, Cantabria) no se permite la apertura en los festivos de Navidad.   En Cataluña, la legislación autonómica fijó la apertura en 8 domingos o festivos, y facultó a cada municipio, si lo deseaba, a establecer 2 días adicionales. La legislación catalana también se ha apartado en otros aspectos de la básica estatal, lo que hizo que el Estado la impugnara ante el Tribunal Constitucional y produjo su suspensión automática. En respuesta, el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 11 de marzo una proposición en la que pide a los comerciantes catalanes que sigan respetando “de forma libre y voluntaria” la legislación suspendida.  
 
En lo que atañe a las zonas turísticas, el régimen de flexibilidad sólo se viene aplicando a la apertura en festivos durante un corto período del año y en zonas muy restringidas del casco urbano. Así, por ejemplo, en Barcelona, en domingo sólo pueden abrir los comercios de una zona restringida, durante los meses de julio, agosto y septiembre, en horario de 10 a 6 de la tarde. En Córdoba, sólo tienen libertad de horarios los pequeños comercios de recuerdos adyacentes a La Mezquita.  
 
Restricciones a las grandes superficies  
 
El proteccionismo comercial ha tenido otras dos manifestaciones:  
 
• El sometimiento de la apertura de grandes superficies a autorización por las comunidades autónomas (segunda licencia).
• El establecimiento en seis comunidades (Cataluña, Aragón, Asturias, La Rioja, Canarias y Navarra) de un impuesto específico a los grandes establecimientos. En Cataluña ese tributo es de 17 euros por metro cuadrado, incluso los que no son superficie de venta (párking, almacenes, pasillos de entrada, ascensores…).  
 
El Informe Lagares sobre reforma fiscal recomendó la supresión de este tributo y, más recientemente, la Comisión Europea ha requerido a España para que corrija su carácter discriminatorio, pues podría considerarse una ayuda de Estado a los sectores exentos.  
 
Conclusión  
 
A corto plazo, el dinamismo del consumo privado está elevando las ventas, especialmente de electrodomésticos y otros bienes duraderos, favorecidos por la recuperación de la confianza, el aumento del crédito al consumo y el efecto reposición, tras siete años de atonía en las ventas.  
 
Pero a medio plazo las grandes empresas de distribución se enfrentan, a juicio de Merry del Val, al reto de afrontar la era digital bajo un marco normativo anticuado y discriminatorio. Como señaló en su día la Comisión Nacional de la Competencia, esa legislación restrictiva no ha logrado su teórico propósito de proteger a los pequeños comerciantes, cuya cuota de mercado en alimentación se ha reducido en más de la mitad desde la Ley de Comercio de 1996: ha favorecido en realidad a las grandes empresas que operan con supermercados –cuya cuota ha subido a más del 60%– a costa de los hipermercados, que han bajado desde más del 30% al 16% actual. Además, los estudios internacionales y la experiencia de la Comunidad de Madrid muestran que un régimen de libertad comercial no sólo beneficia a los consumidores: también tiene un efecto favorable sobre la actividad económica y el empleo global en el comercio.  
 
Las fronteras del comercio y de la competencia siempre han sido cambiantes: hoy en día “en las gasolineras se venden naranjas, y algunos hipermercados venden gasolina”, se señaló. Pero la era digital y las nuevas tecnologías están acentuando esos cambios en los hábitos de consumo: con un teléfono móvil ya se puede comprar cualquier producto a cualquier hora, fuera o dentro de España.  
 
La legislación y las autoridades políticas deben, pues, resistirse a las presiones electorales y dejar plena libertad a los comerciantes para que, con pleno respeto a las normas de competencia y de protección de los consumidores, puedan, sin discriminaciones, adaptar la gestión de sus comercios a las demandas de los consumidores.