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Jornada de Mecanismos Alternativos

Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad, destacó, durante la jornada de 'Mecanismos Alternativos' organizada por EXPANSIÓN, la importancia de los ADR como alternativa en la resolución de controversias.

Cada vez son más las compañías que optan por internacionalizar sus actividades, integrarse en grandes consorcios o licitar proyectos de índole transnacional. Toda una serie de grandes operaciones que entrañan una enorme complejidad desde el punto de vista técnico y jurídico; proyectos, además, que implican a múltiples partes y que, por consiguiente, son muy propensos a las disputas entre las mismas. Ingredientes que abonan el terreno de la controversia y en la que los mecanismos de resolución de disputas han adquirido una enorme relevancia. Ésta fue una de las conclusiones de la jornada sobre 'Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias en los sectores de las infraestructuras y la energía', organizada por el diario EXPANSIÓN, con el patrocinio de Acciona.
“La creciente complejidad de las relaciones internacionales y los escenarios cambiantes de las normativas hacen que la resolución de controversias gane un gran valor estratégico para empresas y gobiernos”, señaló Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN. Junto a ella, se encargó de inaugurar la jornada Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales de Acciona, para quien “estos mecanismos alternativos están alcanzando una relevancia extraordinaria en la resolución de disputas internacionales”.
La apertura de honor corrió a cargo de Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad del Ministerio de Economía, que destacó el “papel especial” que están destinados a jugar los ADR (Alternative Dispute Resolutions) e incidió en las novedades que ha introducido el nuevo mecanismo de resolución de controversias negociado por la Unión Europea y Estados Unidos en el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión). “La modificación más innovadora es el establecimiento de dos tribunales permanentes. Un tribunal de inversiones, formado por 15 miembros nombrados por EEUU y la UE, y un tribunal de apelación”, explicó Temboury.
Energía e infraestructuras son los sectores con un índice de controversias más elevado. De hecho, el 40% de las disputas registradas por el Ciadi entre 1972 y 2012 estaban relacionadas con la energía. Esta circunstancia obedece al carácter internacional de los proyectos, que enfrenta normalmente a culturas jurídicas distintas, y a las múltiples partes implicadas. “En estos sectores se vive en el conflicto porque los proyectos son muy complejos y las partes involucradas tienen una cultura jurídica diferente”, apuntó Álvaro López de Argumendo, socio de Uría Menéndez. “En cualquier proyecto hay muchos documentos y muchas partes involucradas, y esto es una característica que marca las disputas”, añadió Carlos de los Santos, socio de Garrigues Abogados. 
La oportunidad de disponer de procedimientos flexibles, con una gran autonomía privada, de naturaleza contractual y más rápidos que la jurisdicción ordinaria, ha convertido los medios alternativos de resolución de controversias en un fenómeno creciente y cada vez más extendido. “Las fórmulas de resolución han llegado para quedarse y para desarrollarse cada vez más. En España estos instrumentos no estaban muy avanzados, pero muchas empresas se han visto obligadas a salir fuera y a aceptarlos”, subrayó Mercedes Fernández, socia de Jones Day. Alfonso Iglesia, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, incidió en lo extendido de su uso en el sector de las infraestructuras. “La construcción es el sector en el que más han florecido los ADR y de forma más sofisticada”, señaló. 
Pese a que el origen de los mecanismos alternativos de resolución de controversias está en EEUU, estos procedimientos se han extendido con rapidez. “México es una jurisdicción donde el arbitraje se reconoce y donde ha ido avanzando mucho en las últimas décadas”, reconoció Eduardo Siqueiros, arbitro y socio de Hogan Lovell BSTL. En esta línea, Aníbal Sabater, árbitro y socio de Chaffetz Lindsey, explicó las características y peculiaridades de la legislación estadounidense en materia de arbitraje. “La legislación de los estados y del Gobierno Federal da mucha primacía a los contratos y no es muy diferente a la de España. Una de las cosas que más llama la atención es la cifra extraordinariamente baja de anulaciones de laudos, apenas un 12% de los arbitrajes”, destacó.  
Raúl Barrios, socio de Barrios&Fuentes y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, puso el ejemplo de Perú: “El arbitraje privado en Perú es facultativo pero en todas las controversias con el Estado es obligatorio”.  
De la clausura del evento se encargó Antonio Dorado Picón, secretario general de la Administración de Justicia, quien animó a “pensar en una forma distinta de enfocar la Justicia”. “Si avanzamos hacia métodos alternativos de resolución de controversias vamos a conseguir que se pueda crear valor en la negociación. El objetivo es hacer ver el arbitraje como una solución sencilla a problemas complejos y que puede sustituir a la jurisdicción como solución”, indicó.