• 21 millones

    de seguidores diarios

  • Líder de Prensa

    digital en España

  • Una amplia gama

    en revistas líderes en su segmento

Noticias

PP quiere bajar impuestos, PSOE y Podemos subirlos

EXPANSIÓN reunió a cuatro portavoces de los grandes partidos en el primer debate económico del 26-J para tratar temas como la transformación fiscal, la reforma laboral o el coste de la corrupción.

Las elecciones del 26 de junio tienen un aire a segunda vuelta, a déjà vu, pero no son ni mucho menos una repetición milimétrica de las anteriores. En estos seis meses el panorama político ha mutado sustancialmente, y la foto fija macroeconómica no es en absoluto la misma que el 20 de diciembre. Desde entonces se ha conocido que el PP rebasó con mucho el límite de déficit del 2015, que el paro ha bajado de 4 millones, que el PIB se ralentiza, que la Comisión Europea ultima una multa a España por su política presupuestaria, que la inversión se desacelera... Así que la economía está más de actualidad aún que hace medio año. 

Por ello, EXPANSIÓN ha reunido a cuatro portavoces económicos de los grandes partidos en el primer debate económico del 26-J: José Enrique Fernández de Moya, portavoz de Hacienda del PP; Manuel de la Rocha, secretario de Economía del PSOE; Iván Ayala, de la Secretaría de Economía de Podemos; y Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos. 

En el debate, moderado por Juan José Garrido, redactor jefe de EXPANSIÓN, los cuatro dirigentes evidenciaron una ruptura total. No están de acuerdo en casi ninguna medida y ni siquiera identifican los mismos problemas. Fue un debate bronco en algunas ocasiones –fiel reflejo de la fractura política actual–, pero muy sustancioso cuando los políticos bajaron a la arena de las propuestas económicas. Sirvió para abrir en canal los programas. 

​A tenor de lo visto ayer, no se atisban posibilidades de pacto ni en las cuestiones de Estado más acuciantes, como la senda de reducción del déficit. Y sin acuerdo en las políticas económicas no hay confluencia programática posible, cosa que, a su vez, impide el pacto postelectoral. Más allá de la aritmética, la gobernabilidad es cosa difícil. 

La política tributaria divide por completo a los cuatro grandes partidos, ya que mientras el Partido Popular apuesta por bajar el IRPF de nuevo el 1 de enero de 2017 en dos puntos porcentuales, Ciudadanos quiere esperar dos años antes de acometer reducciones y el PSOE y Podemos creen que en la próxima legislatura no se podrán tocar los tipos de este tributo. Estos dos últimos partidos están de acuerdo en gravar más la riqueza, pero disienten en cómo y cuánto hacerlo. 

“Cuando ha sido posible, a partir de los datos de contención del gasto público y rebaja del déficit, hemos llevado a cabo una rebaja de impuestos. Lo hemos hecho en el IRPF, y los volveremos a bajar si dentro de tres semanas obtenemos la confianza mayoritaria de los españoles”, aseguró Fernández de Moya (PP). 

De la Rocha dejó bien claro que el PSOE no ve margen para rebajas fiscales: “No vamos a bajar más los impuestos, porque sabemos lo que significa. Hay que hacer una reforma fiscal que haga transitar la fiscalidad actual, que grava en un 90% a la clase trabajadora, hacia la riqueza y a las grandes rentas”. 

“Populismo fiscal” 

 Iván Ayala, de Podemos, opina que “hay que poner un mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, cosa que por cierto saltó por los aires en el acuerdo del PSOE con Ciudadanos. También necesitamos un mínimo estatal para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para que no lo vacíen las comunidades autónomas”. “Los ricos vienen a morir a la Comunidad de Madrid porque aquí no se gravan sus fortunas”, puso como ejemplo de lo que él llama “el populismo fiscal” del PP. 

El portavoz económico de Ciudadanos aseguró que ahora no se pueden bajar los impuestos, pero sí dentro de dos años. “A mitad de legislatura sí es posible bajar el IRPF a la clase media que es la que aguanta este país”, anunció Toni Roldán. Hasta ahora, Ciudadanos sólo veía margen para reducir este tributo al final de la legislatura. 

Roldán hizo otro anuncio. De los 10.000 millones adicionales que quiere recaudar Ciudadanos en la lucha contra el fraude, “7.300 millones irán puramente a políticas puramente sociales”. Es algo que se iba a anunciar oficialmente hoy, en la presentación del programa económico naranja, pero que Roldán desglosó ayer en el debate. Ese importe “se destinará al complemento salarial (3.000 millones), a las políticas contra la pobreza infantil (3.000 millones), a un plan para la conciliación laboral (800 millones) y a un plan de educación (500 millones)”, reveló. “Nuestra prioridad máxima es recuperar esa gran clase media trabajadora”, añadió. Eso sí, “para poder bajar los impuestos es imprescindible recortar la burbuja política: burocracia, duplicidades, diputaciones corrompidas, etcétera”, agregó. 

Fernández de Moya defendió que ahora se recauda lo mismo que en 2007 por IRPF, a pesar de la rebaja fiscal del PP (72.000 millones). Y agregó que en 2015 se ingresaron 9.000 millones de euros más por Sociedades y 8.000 más por IVA que en aquel ejercicio. “2007 era un año de boom, pero teníamos a los manirrotos socialistas”, atacó el portavoz popular. 

Manuel de la Rocha (PSOE) subrayó que “la política fiscal del PP ha sido la peor de las posibles”. En la campaña de 2011 “mintieron a los españoles” y luego “aprobaron el mayor hachazo fiscal a las clases medias de toda la Democracia, por valor de 23.000 millones”. Después, “a un año de las elecciones acometieron una rebaja absolutamente regresiva: migajas para los de abajo y para los grandes [contribuyentes], buenas rebajas”, relató el socialista. 

El Partido Socialista quiere aumentar en dos puntos porcentuales del PIB la recaudación tributaria anual. Es decir, elevar la presión fiscal en más de 20.000 millones. “Hay que poner mínimos de todo el país en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Además, aprobaremos una tributación mínima en Sociedades, del 15%, que recaudará 3.000 millones más”. El PSOE gravaría más el CO2 y las emisiones de NOx [óxidos de nitrógeno] y promete “hacer lucha contra fraude de verdad, y no amnistías”. 

Este incremento de los ingresos tributarios, “unido a una revisión del gasto público ineficiente y superfluo”, permitiría “dejar la economía saneada a final de legislatura”, amplió De la Rocha. 

Iván Ayala coincide en que el espíritu de la reforma fiscal debe ser una mejor redistribución y una mayor progresividad, pero el representante morado aspira a recaudar más que el socialista: “Se puede incrementar los ingresos públicos en tres puntos [de PIB] sin tocar un duro a las rentas medias”. Para ello, Podemos crearía “una fiscalidad medioambiental que retorne en torno al 2% del PIB” e introduciría “ciertos costes” a aquéllos que “han creado la crisis”. Es decir, un impuesto de solidaridad para el sector financiero y “un impuesto de transacciones financieras”. 

Además, Podemos rebajaría el IVA de productos muy consumidos por las clases medias y bajas, añadiéndolos al tipo superreducido (del 4%). 

Déficit 

Ni siquiera un asunto de Estado como la senda de reducción del déficit fue ajeno a la dureza del debate entre los cuatro partidos. Fernández de Moya (PP) acusó a los socialistas de “manirrotos” por la “herencia” que les legaron en 2011. “Cuatro años y medio después hemos reducido el déficit del 9% al 5%. Hay 47.000 millones de euros más recaudados con el PP, destinados a pensiones, dependencia, sanidad…”, añadió. 

De la Rocha contraatacó diciendo que “pese a las subidas de impuestos y a todos los recortes, España sigue siendo el país de la UE con más déficit fiscal”. “El PP ha aumentado en los últimos años su déficit, que es el de la Administración General y el de la Seguridad Social, que tiene un boquete de 15.000 millones”. “El auténtico ajuste lo han hecho las autonomías, obligadas por el PP, en las políticas sociales”. “La Comisión Europea nos va a meter una multa, la primera a un país de la zona euro por la política fiscal”, vaticinó el dirigente de Ferraz. Por ello, anunció: “Nuestra primera medida será ir a Bruselas a que nos quiten la sanción”. 

“Somos los peores en lo único que se suponía que hacía bien el PP, que es controlar las cuentas”, agregó Roldán. 

El representante de Podemos, Iván Ayala, puso sobre la mesa de debate un modelo de saneamiento presupuestario distinto a los demás: “Queremos que el objetivo de la política económica no sea la reducción del déficit, sino la generación de empleo. El principal freno para la creación de empleo en este país es la austeridad. El 95% de los empresarios dice que no contrata a más trabajadores porque no tiene demanda, y para eso la única solución es detener los recortes en el minuto uno”. 

Mercado laboral 

Precisamente, el empleo copó gran parte del debate. Los cuatro partidos difieren en las recetas para mejorar el mercado laboral español, lastrado por la dualidad, la precariedad y la falta de oportunidades para los jóvenes. 

“España tiene un serio problema laboral. El mercado se define por un alto desempleo, una enorme precariedad y una calidad ínfima. El 90% son contratos temporales y el 35% son de 7 días. Ya hoy, por primera vez, hay más gente que tiene contratos temporales o a tiempo parcial que indefinidos. Nunca había ocurrido”. “Con el PP los salarios han caído un 4%, y entre la gente joven, un 10%”, agregó De la Rocha y recordó que el PSOE quiere derogar la reforma laboral y rechaza “claramente” el contrato único de C’s, “que no existe en Europa y ni siquiera los empresarios lo quieren”. El PSOE propone que haya tres tipos de contrato. 

Roldán se quejó de que hay siete millones de personas “que a pesar de trabajar no llegan a fin de mes”. 

Fernández de Moya desgranó una batería de propuestas, de entre las que destacaron dos anuncios: “Vamos a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y vamos a reforzar el bono social”. Esto es, aumentará el descuento fijado por el Gobierno sobre el precio de la luz a los hogares con menos posibilidades económicas y a a aquellos que menos electricidad consumen. 

El portavoz de Hacienda del PP anunció un “plan de apoyo a la maternidad”, con ayudas de hasta 2.000 euros anuales a las madres, sobre todo a las adolescentes. “Daremos apoyo específico a las familias con discapacitados y daremos la categoría de familia numerosa con carácter especial a partir del cuarto hijo”, remató.