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Equilibrio para mejorar los servicios al ciudadano

Representantes de la adminsitración, la empresa privada y la ciudadanía asistieron al Foro 'La Colaboración Público-Privada en los Servicios Públicos', organizado por EXPANSIÓN y EL MUNDO.

La comunión entre administraciones públicas, empresas privadas y ciudadanía debe constituir una suerte de Trinidad para alcanzar la sostenibilidad y eficacia del sistema público. “De esa gestión va a depender la salud económica y financiera de los servicios”, señaló Carlos Cabrera, director General de Institut Cerdà. Se refería así a un triángulo cooperativo, en la inauguración del Foro sobre La Colaboración Público-Privada en los Servicios Públicos, organizado por EXPANSIÓN y EL MUNDO en colaboración con la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, el Institut Cerdà y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
 
“Este sistema de colaboración se ha implantado con bastante éxito en España, para financiación de infraestructuras de transporte, concretamente de autopistas de peaje, pero también para la financiación de hospitales”, explicó Francisco Cal, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales (AIIM) y vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Ingenieros Industriales. Como resultado, la administración se ve desahogada por una mejor situación económica, al tiempo que favorece la especialización de las empresas, mejorando su reputación y experiencia.
 
En el caso concreto de la recogida de residuos, se trata de “la partida más importante que tienen los ayuntamientos. Por eso tenemos la obligación de optimizar esa gestión, que resulta compleja, y que comienza por una correcta planificación”, añadió Cabrera. Para Miguel Hernández Moreno, gerente de Medio Ambiente del Institut Cerdà, “en la mayoría de municipios, después de la partida dedicada al personal, la gestión de residuos es el gasto más importante”.
 
Al entorno presupuestario estrecho al que se enfrentan las administraciones se le suma un creciente nivel de exigencia por parte del ciudadano. La colaboración público-privada puede suponer ahorros equivalentes al 10,6% de los servicios si los realizara directamente la administración pública. Según Hérnandez, algunas de las ventajas de la cooperación entre ambos sectores tienen que ver con “unos costes más ajustados en las empresas privadas. Como mínimo, un 20% más bajo que si los servicios son realizados por una administración pública”.
 
No obstante, tal y como apuntó José Francisco Ballesta, alcalde del Ayuntamiento de Murcia, “hay que olvidarse de la fe absoluta de la eficacia del mercado y la fe ciega en la benevolencia del sector público”. Ballesta presentó “los diez mandamientos de la colaboración público-privada”, un decálogo para lograr el éxito, basado en principios como el compromiso del gobierno y el consenso de la oposición, la transparencia en el marco jurídico y en el proceso de asignación, así como la implicación necesaria por la parte pública y privada, “que tengan algo que perder, como reputación” para implicarse al máximo.
 
En el caso de Málaga, según explicó Juan Cassá, concejal del Ayuntamiento, la gestión de este modelo se basa en lograr una mayor eficiencia de los servicios públicos con ayuda de la innovación tecnológica y de la experiencia de las empresas. “Las Administraciones están muy atrasadas. Hay que aprovechar los conocimientos y experiencia de la empresa privada para reducir riesgos y costes”, explicó.
 
El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Juan Ávila, reivindicó que “las entidades locales sean la única administración pública que cumple con las obligaciones financieras”, y llamó a la modificación de la regla de gasto para lograr invertir el superávit de los ayuntamientos. También señaló que “en la contratación no hay que pensar solo en el precio”. Inés Sabanés, concejala del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, coincidió en que “el valor precio ha tenido un efecto negativo para la diversidad del tejido empresarial, que no puede aguantar a la hora de ir a concurso”.
 
Uno de los retos principales, como apunta Alfonso García, director de Servicios Técnicos de FCC Medio Ambiente, radica en el pliego de condiciones de los ayuntamientos. “La actual ley de contratos públicos no valora la innovación, y debería incluir incentivos tecnológicos. Las máquinas tienen que evolucionar y eso es una inversión de las empresas”, apuntó. “Si pones más vehículos te llevas tres puntos en el pliego, pero si pones innovación te llevas una medalla de cartón”, coincidió Eduardo Fernández Jiménez, director de Innovación de Urbaser.
 
Sabanés apuntó a la necesidad de que el nuevo paradigma de colaboración “establezca unas bases de relación con el personal de los servicios públicos”. Rafael Fernández, director de Proyectos de Expaña del Centro de Competencia de Ciudades de Ferrovial Servicios, puntualizó en la necesidad de integrar al trabajador en la estrategia. Desde Ferrovial, anunció la incorporación de un robot que sustituye el portacubos en las labores de barrido manual, ahorrando un 15% en productividad y facilitando la labor del operario. Por su parte, la directora de Mejora e Innovación de Valoriza Servicios Medioambientales, María de la O Terciado, también sugirió “la importancia de incorporar la innovación de las start up en la empresa”.
 
Pero junto a la participación de todos estos actores y tercer vértice del triángulo debe situarse el ciudadano, cada vez más informado y exigente. “Hay que analizar la eficiencia y eficacia de los servicios en las ciudades y si el ciudadano está satisfecho”, señaló Pilar Vázquez Palacios, directora gerente de Emulsa y presidenta de Anepma, desde donde desarrollan sistemas de pago por generación de residuos mediante una tarjeta ciudadana para utilizar los contenedores.