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Foro Catalunya en EXPANSIÓN

El jurista Eugeni Gay, invitado a la decimotercera edición del encuentro del diario económico de Unidad Editorial, en la que se analizó el desafío del independentismo catalán y su relación con España.

​¿Qué ocurrirá en Cataluña después del verano? El exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), Eugeni Gay, tiene muy claro que el referéndum independentista que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no se va a celebrar, y que tal como se ha comprometido, el Gobierno central lo impedirá, ya que se sitúa fuera de la Constitución. 
 
En la decimotercera edición del Foro CATALUNYA EN EXPANSIÓN, Gay consideró que en su respuesta, el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y sus ministros, no deben dejarse llevar por el afán de revancha. Les emplazó a actuar con "prudencia", "sensatez", sentido común y de forma ponderada, para facilitar así que el diálogo sobre el encaje de Cataluña pueda retomarse. "Tras el descarrilamiento total, la vida continuará y habrá que pactar", pronosticó. Su apuesta son las reformas. 
 
El magistrado forma parte de un grupo de profesionales del derecho que han firmado un manifiesto que defiende el cumplimiento de la ley en Cataluña. Gay conoce la Constitución al detalle: fue miembro del TC entre 2001 y 2012, años muy marcados por la reforma del Estatut de 2006, que el alto tribunal acabó recortando, una decisión que marcó un antes y un después en la política catalana. En la sentencia, Gay emitió un voto particular, donde vio posible avanzar hacia el reconocimiento nacional de Cataluña dentro del actual marco legal. Sin embargo, cree que la Constitución no da cabida a un referéndum unilateral. 
 
Según el magistrado, hay límites que nadie puede sobrepasar: ni la Generalitat, que según recordó, es el Estado en Cataluña, ni tampoco el Gobierno central.  Por esta razón, hizo un llamamiento a todos los políticos a cumplir con la ley. Si ello no ocurre, su pronóstico fue muy contundente: "Cuando el derecho falla, la sociedad se hunde". 
 
Gay lanzó un mensaje en doble dirección. Instó a los independentistas a rectificar y renunciar a la unilateralidad, y consideró que es la ley quien da "legitimidad" a las decisiones políticas en un sistema democrático. Al mismo tiempo, consideró que la respuesta que dé Mariano Rajoy si el referéndum rupturista se acaba convocando debe ajustarse a la Ley Fundamental. 
 
Así, el jurista subrayó que Rajoy se equivocaría si aprovechase la ocasión para recentralizar competencias que, según la Constitución, deben gestionar las autonomías, como "lengua y cultura". "Estamos en un estado autonómico, donde el Gobierno no puede sobrepasar determinados límites", destacó Gay, quien recordó que así lo ha señalado el propio TC en los últimos años. 
 
Ni Rajoy ni la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han detallado en qué consistirá su intervención para impedir el referéndum, y su respuesta ha sido genérica cada vez que han sido preguntados sobre su reacción. El artículo 155 de la Constitución establece que, si peligra el "interés general de España" o se incumplen las leyes, el Gobierno central puede suspender el autogobierno de una comunidad autónoma o quitarle competencias. 
 
Gay se refirió directamente a este artículo y pidió responsabilidad a Rajoy: "Cuanto más delicadas son las situaciones, lo que hace falta es serenidad y prudencia". El mismo mensaje lanzó en el debate el presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader: "Entramos en un momento muy delicado y tenemos que tener responsabilidad, prudencia y justicia". "No habrá más remedio que dialogar", concluyó Eugeni Gay. 
 
 
Reformas y no "rupturas"
 
Los independentistas apelan a la desobediencia, e incluso han comparado su causa con la lucha contra la discriminación racial en los Estados Unidos y la República Sudafricana. Según Gay, saltarse las leyes tiene consecuencias, y la obligación de las instituciones es actuar si ello ocurre.
 
El jurista avisó que los efectos de las "rupturas" y las "revoluciones" son muy duros, por lo que, en vez de propiciarlas, hay que reivindicar "reformas", hechas mediante diálogo y consensos amplios. 
 
El debate sobre el papel que debe tener el Gobierno central ante la vía unilateral estuvo muy presente a lo largo del debate. El presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, recordó que las competencias que tiene la Generalitat "emanan del Estado", aunque la Constitución reconozca que su gestión le corresponda a las autonomías. Lamentó que la administración catalana haya hecho "un ejercicio desleal" de sus atribuciones en ámbitos como la educación y que, durante los últimos años, se hayan usado "para desvirtuar o romper el orden establecido". 
 
En este punto, el presidente y consejero delegado de Ercros, Antonio Zabalza, lamentó que los independentistas estén perpetrando "un ataque al Estado de derecho y la ley". Aseguró que, en su opinión, el marco legal no debe ser visto como "una camisa de fuerza", ya que puede reformarse. Así, en vez de instar al  desacato, lo que debería hacer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es reclamar una reforma constitucional y presentar una propuesta a las Cortes. "Te la tumbarán una vez, dos veces, pero a la tercera o a la cuarta, si tienes un cierto apoyo social, las cosas serán distintas", manifestó.  
 
Zabalza citó al TC y recordó que este órgano "ha dicho que es totalmente legítimo que la gente sea independentista y discutir sobre ello". Sin embargo, no lo es si se opta por la unilateralidad. Lo que hay que hacer es usar "los canales que están abiertos", las reformas legislativas. Ante la desobediencia, recordó que el Estado debe actuar para "resistir al ataque de la ley y al deterioro del sistema legal". 
 
Sin embargo, el presidente de Anesco, Joaquim Coello, consideró que no es extraño que en España "la gente  no le haga mucho caso a la ley", teniendo presente su historia contemporánea. Según recordó, "entre 1800 y 1978 España tuvo solo 85 años de Democracia, seis constituciones, siete golpes de estado y cuatro guerras civiles" y en los años 40 todavía se apelaba a Dios como origen de autoridad.  
 
Tras esta alusión histórica, Gay evocó a la suspensión de la autonomía que tuvo lugar en la etapa republicana, entre 1934 y 1936, después de que el Parlament aprobase una ley de contratos agrarios que el Gobierno central de entonces consideró inconstitucional. La situación acabó con el encercelamiento del expresidente catalán, Lluís Companys. El pasado no puede repetirse pero sí que puede aportar contexto, recordó Gay. 
 
Coello agregó que la situación política que se vive en Cataluña es "radical", pero no "prerevolucionaria", porque no hay violencia, y "porque las personas que han actuado contra la legalidad han sido inhabilitadas", en alusión al expresidente catalán Artur Mas y cuatro de sus consejeros, por la consulta no vinculante que organizaron el pasado 9 de noviembre de 2014, donde casi dos millones de catalanes apoyaron la secesión. 
 
 
Más democracia 
 
Gay rechazó usar una expresión que utiliza el independentismo para definir qué puede ocurrir si este verano Puigdemont convoca oficialmente el referéndum de autodeterminación para el día 1 de octubre, tal como se ha comprometido: el choque de trenes. Para el jurista, lo que habrá es un "descarrilamiento". 
 
Ante este pronóstico, el patrón de la Fundación Bancaria La Caixa Jaume Lanaspa – que asistió al coloquio invitado por Gay–, pidió reformas y "un esfuerzo global de profundización democrática". Un mensaje similar lanzó el profesor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José García Montalvo, quien alertó del "cierto desmontaje" del principio de seguridad jurídica que se ha convertido en un "problema fundamental" del sistema político español.  
 
Gay compartió este posicionamiento y, para combatirlo, se mostró partidario de una reforma que blinde mejor las instituciones frente a los partidismos, ya que la situación actual "deja mucho que desear". "No puedes salirte del derecho, si lo haces puedes desmontar la sociedad", agregó el exmagistrado del TC, quien pronosticó que un "descarrilamiento" podría causar "muchos daños" en múltiples direcciones. 
 
 
Debate en las instituciones 
 
Para facilitar los acuerdos, Gay emplazó a los partidos y entidades independentistas a no "llevar el debate a la calle" sus reivindicaciones y hacer nuevas movilizaciones masivas a favor de la secesión, como han venido haciendo en los últimos cinco años cada 11 de septiembre. 
 
Gay cuestionó las manifestaciones "que se convocan desde el poder", y también los discursos que apelan genéricamente a la voluntad del "pueblo" y de la "gente", ya que le recuerdan a los totalitarismos. Para él, el lugar donde se deben llevar los debates en los regímenes democráticos no es el espacio público, sino los parlamentos. "Es para lo que sirven", destacó.  
 
También recordó que, para "escuchar" al pueblo, el sistema que tienen las democracias para hacerlo no es organizar protestas en el espacio público, sino convocando elecciones. Un adelanto de los comicios en Cataluña también permitiría ver cómo se posiciona la ciudadanía ante la evolución del debate político durante los últimos tiempos. 
 
También recordó que, en las democracias, se permite que los debates en los parlamentos se hagan de forma plural, donde todos los agentes pueden "expresarse y participar", algo que no ocurre en Cataluña en la actualidad. "El independentismo es un pensamiento y aspiración legítima, pero deben ponerse en contaste con todas las opiniones", algo que según Gay, no se está haciendo en la Cataluña actual.
 
Según el jurista, es contradictorio que los partidarios de la secesión pidan diálogo, pero sin embargo, "predeterminen" el debate y digan que "de lo único que se puede discutir es sobre la independencia y cómo alcanzarla".  Así, puede exigirse un referéndum, pero no "en la forma en la que se está tramitando".  
 
"¿Se puede cambiar la Constitución? Sí. ¿Se puede hacer un referéndum? Con esta Constitución no. Y también lo dice el Estatut", concluyó Gay. En este punto, el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y editor de Edhasa, Daniel Fernández, opinó que Rajoy erró en su primera legislatura como presidente, al apostar por la inacción frente a las demandas soberanistas. 
 
"Todo llega tarde: el diálogo y las posibles soluciones", lamentó Fernández. Un diagnóstico parecido hizo Juan Torras, presidente del Instituto Von Mises de Barcelona: "Todos hemos cometido errores, también el Estado". 
 
El catedrático de Economía de la Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) Ramon Adell celebró la apuesta de Gay por las reformas, pero vio complicado que esta vía fructifique a corto plazo: "Declinarse por los puntos intermedios es admitir errores por ambas partes, situación que no parece cercana" a día de hoy. 
 
Mientras tanto, el pulso independentista continuará, con la aprobación de las leyes de "desconexión" y la convocatoria del referéndum. Gay aseguró que no es posible que coexistan legalidades contrapuestas, e instó a los políticos a que su actuación no se guíe únicamente por la "astucia" y el partidismo. "La prudencia es necesaria", concluyó el jurista.