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El futuro del Parlamento Europeo

Fernando Miranda Sotillos, secretario general de Alimentación, participó en el encuentro 'Perspectivas PAC: Novedades y desafíos de la reforma después de 2020, organizado por EXPANSIÓN.

​Las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mayo supondrán un parón en las conversaciones sobre la nueva Política Agraria Común a partir del año 2020. Así lo reconoció Fernando Miranda Sotillos, secretario general de Agricultura y Alimentación, durante la apertura del encuentro Perspectivas PAC: Novedades y desafíos de la reforma después de 2020, que organizó EXPANSIÓN con el patrocinio de Unicaja Banco. 


Según las instituciones comunitarias, el calendario de negociación apunta a 2023 como la fecha más factible para la entrada en vigor de la nueva PAC. En la actualidad, los agentes se encuentran en las primeras fases del proceso y las elecciones europeas podrían imponer un retorno a la casilla de salida, en caso de que el Parlamento y la Comisión entrantes opten por no refrendar el trabajo realizado hasta el momento. 


Novedades 


Entre sus aspectos más destacados, la nueva propuesta de la Comisión Europea aboga por no detallar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, sino que las decisiones sobre las ayudas recaerían sobre cada Estado miembro. Desde la óptica del Gobierno, “defendemos los principios de estabilidad y certidumbre: pase lo que pase, no habrá interrupciones ni retrasos en los pagos”, recalcó el secretario general de Agricultura y Alimentación. 


Asimismo, defendió que la nueva política no debe forzar a que ningún agricultor o ganadero abandone su actividad. Por otra parte, Miranda Sotillos reclamó la adaptación de la industria española para que se consolide como un referente. “Queremos incidir sobre las señas de identidad de nuestro sector agroalimentario: la calidad, la innovación y la sostenibilidad”, destacó. Durante la jornada, los expertos reflexionaron sobre el futuro del sector agrario y rural a partir de 2020, y además enunciaron los retos para la modernización y la simplificación de la PAC. “Las ayudasdeben dirigirse a aquellos que más trabajan la agricultura y quienes más dependen de ella”, afirmó José Luis Castellano Prats, secretario general técnico de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, que también abogó por “la eliminación de los derechos históricos”. 


“Apostamos por un desarrollo rural vinculado a la competitividad, la productividad y, por supuesto, la innovación”, señaló Juan Pedro Medina Rebollo, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, que manifestó que la PAC debe ser atractiva para los jóvenes. En cuanto a la relevancia de la cuestión medioambiental en la PAC, “la reducción de los presupuestos no casa en absoluto con las exigencias a los agricultores en materia ambiental”, afirmó Cruz Ponce Isla, directora general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla La Mancha. 


Riesgos 


Además, “consideramos que la futura reforma de la PAC es vital para la sociedad por la producción de alimentos, la mitigación del cambio climático y la despoblación, entre otros aspectos”, dijo Francisco José Vilches Varo, responsable de Negocio Agrario de Unicaja Banco. En este sentido, “para que no haya un incremento de la despoblación, se deben abordar medidas para amortiguarlo”, precisó Pedro Barato, presidente de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores). 


De hecho, el 53% del territorio español se encuentra en riesgo de despoblación severa y 1350 municipios tienen una densidad de población inferior a ocho habitantes por kilómetros cuadrados. “El riesgo de despoblación y desertización es enorme”, aseguró Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Del mismo modo, Bombal aseguró que la estrategia del Gobierno pasa por “la reducción de la brecha digital, la utilización de datos y el impulso de nuevos modelos de negocio utilizando las nuevas tecnologías”. 


Sobre la situación del sector, “el principal problema que tenemos es el funcionamiento de los mercados de los productos agroalimentarios”, comentó Lorenzo Ramos, secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), que pidió que la PAC sea una política comprometida con el empleo. 


Para incrementar el peso de la mujer en el entorno rural, “la PAC debe introducir medidas enfocadas a visibilizar su trabajo y a fomentar la independencia económica de las mujeres”, declaró Teresa López, presidenta de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales). Por último, el rol de la innovación también es fundamental. “Hay que reducir la brecha digital entre pueblos y zonas urbanas y democratizar la tecnología para que llegue a todas las explotaciones”, sentenció Miguel Blanco, secretario general de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).