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Los alcaldes rebeldes vuelven a la carga

Durante lel evento que ha organizado EL MUNDO, los ayuntamientos se han unido para pedir que los Presupuestos incluyan un plan de ayudas por valor de 4.000 millones para 2021.

Los ayuntamientos que lograron torcerle el brazo al Gobierno preparan ahora dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para exigir 8.411 millones de euros extra que eviten la quiebra de muchos consistorios.

Así lo revelan a EL MUNDO fuentes del grupo de los 31 alcaldes que se han unido contra el Ministerio de Hacienda, en el marco de la Jornada Europea Resilientes, digitales y sostenibles. Las ciudades en el plan de recuperación, organizada por el diario de Unidad Editorial y el Ayuntamiento de Zaragoza, con el patrocinio de Telefónica, Fundación Ibercaja y la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Lo que quieren esos ayuntamientos es que los Presupuestos incluyan un plan de ayudas por valor de 4.000 millones para 2021, después de que Hacienda los dejase sin el fondo de 5.000 millones para 2020 que exigían. Además, demandarán un fondo "incondicionado" de 1.000 millones de euros para sufragar el transporte público, ya que la falta de pasajeros y la inversión para adaptarlo a la pandemia ha dejado a numerosos consistorios al borde de la quiebra.

Por último, estos alcaldes quieren reclamar que los ayuntamientos participen más de los fondos europeos contra el coronavirus. Si el Gobierno les quiere dar el 4,3% del total (1.489 millones), ellos demandan el 14,16%. O sea, el porcentaje que suponen los entes locales en el gasto público nacional. Esto elevaría la cifra en 3.411 millones, hasta los 4.900.

De esta manera, el extra que reclaman asciende a 8.411 millones, sólo para 2021. Hay que destacar que estos alcaldes representan a 13 formaciones políticas, desde el PP a En Comú, pasando por ERC, JxCAT o Ciudadanos. De ahí su fuerza, ya que sus partidos suman la mayoría absoluta del Gobierno, con la ayuda de Vox. De hecho, ya ganaron la votación contra el real decreto de los remanentes locales en el Congreso, en lo que supuso una dolorosa derrota parlamentaria para el Ejecutivo.

El alcalde de Lérida (ERC) será el encargado de convencer a los alcaldes de los partidos "de la investidura", y Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, será el que aglutine el voto de los partidos de oposición, partiendo de una propuesta en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Si lo apuntalan, todos esos partidos presentarían la misma enmiendas, garantizando su aprobación. Ése es el pulso que le echan, de nuevo, los rebeldes a Hacienda.

La batalla también se librará en Europa. Azcón llevará al Comité de las Regiones de la UE, a principios de diciembre, la propuesta para que los entes municipales gestionen el 14,16% de los fondos europeos. Y la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, ya firmó la petición de que la cifra subiera al 10%. Fue en el marco de Eurocities, una asociación de ciudades de más de 250.000 habitantes.

El primer edil de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha lamentado en la jornada organizada por este diario que las comunidades autónomas participen en el 54% de los fondos europeos contemplados en los Presupuestos de 2021, mientras que los alcaldes sólo manejarán el 4%. "Eso no se corresponde con nuestro peso", ha lamentado, a pesar de que "el papel de las ciudades en la recuperación es esencial", sobre todo "en el ámbito social".

Juan Espadas (PSOE), primer edil de Sevilla, ha apostado por "agilizar" los recursos aportados por la Comisión Europea para que los ayuntamientos puedan acometer "proyectos de infraestructuras", por ejemplo, que de otra forma no serían posibles. ¿Cómo? Considerando a los ayuntamientos como "beneficiarios finales de los fondos europeos", de manera que puedan tener "relación directa con la Comisión". Si no, "nuestros porcentajes" de absorción de fondos europeos "seguirán siendo bajos".

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha demandado una ayuda estatal para acabar con los "déficits en transporte público". "Seguimos sin ninguna ayuda estatal a pesar de las reiteradas promesas", ha dicho, antes de subrayar "la imperiosa necesidad de una financiación extraordinaria para compensar los gastos y la disminución de ingresos derivados de la pandemia del Covid".

Azcón (PP) ha enfatizado la dificultad del "reto" de la absorción de los fondos europeos. Es, a su juicio, una "maratón" que llega cuando aún no se han hecho los deberes en la media distancia. "España ha sido capaz de invertir solamente el 34% de los fondos europeos" recibidos en los últimos años, lo cual ensombrece las perspectivas sobre las nuevas ayudas europeas.

"Tenemos la peor tasa de absorción de fondos europeos" de toda la UE, ha alertado. Y ello ocurre, a juicio del alcalde de Zaragoza, porque se cuenta de manera "escasa" con los ayuntamientos para dinamizar esas inversiones. "Las ciudades tenemos que jugar un papel mucho más importante", ha zanjado.

A ellos se suma José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria: "A los alcaldes nos mueve el interés de los vecinos, luego es lógico que, por encima de la ideología política, busquemos soluciones para nuestros vecinos". "Por eso apoyamos estas enmiendas a los Presupuestos. Parece lógico que la cantidad sea la adecuada, al menos 5.000 millones", añade. Además, en cuanto a los fondos europeos "hay incertidumbre sobre el reparto". "Sólo nos fiamos ya de lo que veamos, negro sobre blanco, en los Presupuestos", enfatiza.

Hay que recordar que, aunque no aprobó el fondo que pedían los alcaldes, el Ministerio de Hacienda sí tumbó la regla de gasto, lo que permite a los ayuntamientos con superávits acumulados gastar 3.000 millones de euros más. Pero hay 3.000 ayuntamientos sin remanentes, por su delicada situación financiera. Esos son los que más necesitarían los fondos adicionales, sobre todo en el caso de los que deben sostener una empresa municipal de transportes.

Mientras tanto, los ayuntamientos que tienen ese problema, como el de Zaragoza, comienzan a apostar por fórmulas novedosas, en una apuesta por la colaboración-público privada. En la presentación de la jornada, Azcón ha destacado la iniciativa Mobility City, como ejemplo de esto.

El director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado "la oportunidad que supone para España posicionarse como un referente en la nueva movilidad con el proyecto Mobility City con el Gobierno de Aragón como socio institucional," y que es "una iniciativa pionera de ámbito internacional".

El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), ha clausurado el acto con una apelación a "ensayar la colaboración público-privada" aprovechando la "oportunidad" de los fondos europeos. "En segundo lugar, vamos a aprovechar esta oportunidad para la digitalización de la administración", de manera que sea "más ágil" y fomente mejor el empleo.

Lambán ha anunciado que trabaja con Galicia, Asturias, las dos Castillas y La Rioja para "compartir proyectos financiables con cargo a los fondos europeos de recuperación". "Es la manera de avanzar hacia una necesaria federalización de España", ha subrayado.

En segundo lugar, ha apostado por "una capitalidad compartida" de España. "No es razonable que todo el aparato del Estado y las oportunidades económicas que ello conlleva se concentren en Madrid", ha incidido, antes de pedir que "en las principales ciudades del país residan potenciales administrativos" estatales que impulsen sus economías. O sea, que algunas de las instituciones que lleva aparejada la capitalidad se diseminen en varias ciudades, y no sólo en Madrid.

De las voces que se han escuchado durante el resto de la jornada ha descollado también la del ex ministro de Economía Román Escolano, que ahora ejerce como Group Risk Chief Officer del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Este banco es, a su juicio, el "puente entre el sector público y la financiación del sector privado". El BEI "ejerce un factor catalizador que puede llevar liquidez a casos en los que no sería posible".

Además, Escolano ha insistido en que el BEI puede ejercer una labor de "asesoría" a los ayuntamientos, a los que ha animado a aprovecharse de ello.

Eso sí, sólo financia "un máximo del 50%", aunque ocupa "un papel diferente" al resto de financiadores privados, ya que asume "un mayor riesgo" y da más plazo para devolver la financiaciónos fondos prestados.​​​